Socios de Rubén Gamarra sabían de su envenenamiento

El grupo de defensa de Jalousie Fondacci, viuda del editor Rubén Gamarra, a quien se le pretende imputar la autoría del envenenamiento de su esposo, acaba de darle un giro importante al curso del caso, tras imponer una querella penal en contra de uno de los socios del extinto dueño de los periódicos Nueva Prensa de Oriente y Nueva Prensa de Guayana.
El documento introducido ante el juez de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui, por parte de los abogados Sergio Aranguren, Héctor Aranguren y Ricardo Reyes, aporta interesantes elementos en los que se denuncia que Raúl Yusef Diaz, Senen Torrealba y Wilfredo Aguilar, pudieran haber manejado la hipótesis de envenenamiento a Rubén Gamarra, antes que fuese practicada la necropsia al cadáver, incluso fueron ellos quienes solicitaron y “cuadraron” todo para que ésta fuese practicada.

En consecuencia, introdujeron la querella penal contra el Fiscal sexagésimo primero (61º) del Ministerio Público con competencia plena a nivel nacional Jesús José Capote; Contra Raúl Muhamad Yusef Díaz y Javier Paredes Caraballo.

Según consta en expediente, “la sugerencia fue dada desde Caracas por Wilfredo Aguilar, quien ordenó a su socio y amigo, Senen Torrealba, organizara y ordenara abrir el cadáver de Rubén Gamarra para ver si éste había sido envenenado”.

Otro de los involucrados, también socio de Gamarra, Raúl Muhamad Yusef, llevó consigo a un periodista pagado por él, Javier Paredes Caraballo, para que hiciera fotos del cadáver del editor dentro de la sala morguense, así como a sus víceras, violando todos los procedimientos legales.

El equipo de abogados cotejó declaraciones para indagar sobre la tesis del envenenamiento que manejaban los socios de Gamarra, antes de practicársele los exámenes toxicológicos de ley y encontraron sólo un vínculo: la referencia telefónica en la cual Aguilar le comenta a Torrealba que su mamá fue envenenada, por lo cual se le antojaba actuar como si Gamarra también lo hubiese sido.

No obstante estos hechos de relieve y otros mas, el Fiscal Jesús José Capote, ignoró tales indicios y procedió a acusar a la secretaria de Gamarra como actor material y a su viuda, Jalousie Fondacci como presunta autora intelectual.

En consecuencia, la defensa de las agraviadas, en calidad de víctimas querellantes, solicitó ante el tribunal le sea imputada la culpabilidad y responsabilidad de los delitos de agavillamiento, falsa atestación de funcionario público, falsedad de acto público, calumnia y corrupción agravada a Jesús José Capote, Fiscal 61ª del Ministerio Público con competencia a nivel Nacional.

Es pública y notoria la vinculación de funcionarios del Ministerio Público en temas de extorsión como los sonados casos de Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza entre otros, y se presume que Jesús Capote no se aleja de estas realidades, en las que utilizan el brazo gendármico del poder del Estado para realizar sus andanzas que evitan mantener la Ley a buen resguardo.

Cabe destacar que la condición de mujeres y madres de estas dos damas han sido mancilladas por el egoísmo misógino del Fiscal Capote, quien a todas luces no fue objetivo e imparcial al obviar evidencias que debieron ser investigadas de inmediato, sobre todo en el resguardo de la cadena de las pruebas, en su obligación de salvaguardar el proceso y proteger los derechos y garantías constitucionales de las querellantes.

De igual manera, se les solicita la imputación por agavillamiento, calumnia y corrupción agravada a Raúl Yusef (socio) y Javier Paredes (fotógrafo), en calidad de Cooperadores inmediatos y Falsedad de Acto Público, tipificados en el artículo 83 del código Orgánico Procesal Penal.

DESPIECE

Otra irregularidad

El abogado Sergio Aranguren denunció ayer un nuevo abuso y violación de los derechos constitucionales en contra de una de sus defendidas, jalousie Fondacci de gamarra, quien se encuentra muy delicada de salud y requiere de la experticia forense para ser internada en un centro de salud.

“El jefe de los servicios de Cicpc, Daniel Gascón se ha negado a cumplir la orden de traslado urgente emitida por un juez, alegando razones vacacionales, en desprecio al derecho constitucional a la vida y la garantía de protección de las personas privadas de libertad consagrado en el artículo 43 de la Carta Magna. Este desacato de ordenes judiciales es típico, antijurídico y punible, y sus responsabilidades son civiles penales y administrativas, incluyendo el cargo del funcionario infractor”, expuso el defensor.

Fuente: Daniela Moly - notiextra@gmail.com